Puebla, Pue. El feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, de 13 años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, derivó en una revisión nacional de este tipo de instituciones, lo que llevó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a anunciar la clausura de la única escuela militarizada identificada en Puebla.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que la Constitución no permite la operación de escuelas militarizadas y anunció que, además de las cinco instituciones detectadas en Tamaulipas, se iniciarán procedimientos para cerrar otros planteles que funcionan fuera de la ley en distintas entidades.
En el caso de Puebla, el titular de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, confirmó que existe un procedimiento administrativo para clausurar el único plantel identificado con estas características, aunque evitó mencionar su nombre debido al proceso legal.
La medida cobra relevancia tras la muerte de Dafne Zapata, quien falleció el pasado 13 de julio durante un campamento organizado por la academia militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas. De acuerdo con las investigaciones, la causa de muerte fue asfixia por sumersión; sin embargo, el caso es investigado como feminicidio debido a las denuncias de familiares, quienes señalaron que la menor habría sufrido diversos abusos durante su estancia.
Hasta el momento, las autoridades han detenido a Jorge Luis N., director de la institución; Estrellita N., responsable de supervisar a los alumnos, y Danna Yanina N., ex alumna vinculada con el caso.
En Puebla, la institución que públicamente ofrece educación bajo un esquema militarizado es la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, fundada en 1938. En su oferta educativa promueve una formación con disciplina castrense desde preescolar hasta bachillerato, además de campamentos y actividades de entrenamiento físico.
La SEP federal informó que, además del cierre de estos planteles, se analizará el inicio de procedimientos administrativos y legales contra quienes resulten responsables de operar instituciones educativas al margen de la legislación vigente.
