La Fiscalía General del Estado confirmó que más de cinco presidentes municipales de Puebla se encuentran bajo investigación por su posible relación con actividades delictivas de alto impacto.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, reveló que entre los delitos que son materia de las indagatorias se encuentran el robo de transporte de carga y de hidrocarburos.
De acuerdo con la funcionaria, los casos son atendidos en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instituciones federales. Debido a ello, la información relacionada con los funcionarios investigados permanece bajo reserva.
La fiscal fue cuestionada sobre el número de alcaldes bajo investigación y confirmó que la cifra es superior a cinco. Sin embargo, evitó revelar sus identidades o los municipios que gobiernan.
“Son más de cinco”, afirmó, al explicar que los expedientes están siendo manejados por la Federación y que existen investigaciones relacionadas con delitos considerados de alto impacto.
Investigación federal alcanza al municipio de Esperanza
Uno de los casos que forma parte de este escenario es el del presidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, quien fue detenido durante un operativo realizado con participación de autoridades federales.
Pastor Betancourt detalló que la Fiscalía estatal cuenta con dos órdenes de aprehensión relacionadas con el edil y que participó en las investigaciones y acciones coordinadas con autoridades federales.
La FGR, por su parte, mantiene una investigación propia en contra del presidente municipal, quien es relacionado con posibles hechos de delincuencia organizada.
La titular de la FGE explicó que, debido a que las indagatorias federales continúan, no es posible proporcionar información adicional sobre el expediente.
El caso de Esperanza se suma a una serie de investigaciones que mantienen bajo la lupa a autoridades municipales en Puebla. Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer los nombres de los demás alcaldes involucrados.
Las investigaciones continúan abiertas y serán las autoridades competentes las que determinen si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
