El creador de contenido y documentalista mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de arribar a Colombia. Su arresto se produjo por una orden judicial emitida en Cali por desacato a una decisión previa y no por la imputación de un delito penal.
Adrián es autor del documental Colombia: Fábrica de Niños Trans, investigación en la que abordó los tratamientos hormonales aplicados a menores de edad en la Fundación Valle del Lili, en Cali. Como parte de ese trabajo también difundió grabaciones atribuidas al médico Mario Angulo, lo que provocó una fuerte controversia y posteriormente una disputa legal.
De acuerdo con los antecedentes del caso, un juzgado ordenó a Adrián retirar determinados contenidos relacionados con su investigación. Al no cumplir con esa disposición, el tribunal determinó imponerle una sanción de 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos, calculada en aproximadamente 7 mil 200 dólares.
Antes de viajar a Colombia, Adrián publicó un video grabado en Panamá en el que afirmó que conocía la posibilidad de ser detenido. En el mensaje sostuvo que, desde su perspectiva, la sanción estaba relacionada con su decisión de investigar y denunciar un asunto que considera de interés público.
La detención fue difundida en la red social X por el escritor argentino Agustín Laje, quien señaló que Adrián había viajado a Colombia para participar en una conferencia. “Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso”, escribió.
El caso ha generado un debate que trasciende la situación personal del documentalista y plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión, la protección de los menores y el alcance de las órdenes judiciales cuando están relacionadas con investigaciones sobre asuntos sensibles.
Adrián sostiene que no cometió un delito y presenta su caso como una consecuencia de su trabajo de investigación. Por su parte, la actuación de las autoridades colombianas corresponde, según la información disponible, a la ejecución de una orden emitida por un juez por incumplimiento de una decisión judicial previa.
El episodio deja abierto un debate particularmente delicado: cómo garantizar la protección de los menores y, al mismo tiempo, preservar el derecho a investigar, cuestionar y denunciar asuntos de interés público dentro de los límites establecidos por la ley.
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