Puebla.— El debate sobre la regulación de la maternidad subrogada volvió a la agenda política de Puebla luego de que la colectiva feminista de izquierda 19 de Marzo exigiera al Congreso estatal analizar la posibilidad de sancionar esta práctica como una modalidad de trata de personas.
La organización cuestionó la iniciativa presentada por la diputada morenista Nayeli Salvatori, que busca crear un marco jurídico para permitir la maternidad subrogada en la entidad. El proyecto permanece en comisiones y aún no ha sido discutido por el pleno.
Yali Figueiras, integrante de la colectiva, señaló que desde enero solicitaron que la propuesta fuera desechada. Sin embargo, consideró que la discusión no debe limitarse a rechazar la iniciativa, sino que debe avanzar hacia la creación de mecanismos legales que permitan sancionar la práctica cuando implique explotación.
Alertan por operación de agencias
La colectiva advirtió que Puebla se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a que actualmente no existe una prohibición expresa de la maternidad subrogada, mientras en el Congreso estatal se analiza una propuesta para regularla en materia civil.
Las activistas también señalaron las condiciones económicas que enfrentan mujeres tanto en la zona metropolitana como en comunidades rurales, situación que, según su postura, podría ser aprovechada por agencias dedicadas a la intermediación de estos procedimientos.
Durante el Foro Internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada”, celebrado el 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, se expusieron estimaciones sobre el crecimiento económico de esta actividad.
De acuerdo con los datos citados por la colectiva, las agencias internacionales obtienen alrededor de 28 mil millones de dólares al año, cifra que podría incrementarse hasta 78 mil 680 millones de dólares para 2031.
También se indicó que las agencias pueden cobrar a compradores extranjeros entre 70 mil y 90 mil dólares, mientras que los pagos a las mujeres gestantes representan una proporción considerablemente menor de esos ingresos.
Olivia Maruel, activista suiza-franco-estadounidense y portavoz de la Declaración de Casablanca, alertó durante el foro sobre la presencia creciente en México de agencias provenientes de Estados Unidos y otros países del Norte Global.
Piden mesas con especialistas
Ante el avance de la discusión legislativa, la colectiva pidió tanto al Congreso de Puebla como al Congreso de la Unión establecer mesas de diálogo con especialistas, organizaciones y personas expertas en derechos humanos, perspectiva de género y trata de personas.
La intención es estudiar las implicaciones de la maternidad subrogada y definir si existen elementos para considerarla una modalidad de trata en aquellos casos donde exista explotación, intermediación comercial o vulneración de derechos.
Las integrantes de 19 de Marzo sostienen que la práctica puede implicar la mercantilización de los cuerpos y convertir la gestación y el nacimiento en actividades comerciales.
Mientras la iniciativa de Nayeli Salvatori continúa en comisiones, el debate enfrenta dos posturas: quienes plantean establecer reglas para regular la maternidad subrogada y quienes consideran que debe prohibirse y sancionarse para evitar posibles escenarios de explotación.
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