Analistas consideran que este caso representa uno de los mayores golpes contra la presunta narcopolítica en México
La detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, profundizó la crisis política provocada por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses presuntamente ligados al crimen organizado.
Mérida fue arrestado el pasado lunes y trasladado posteriormente al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y posesión de armas. Su captura ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense revelara investigaciones contra al menos 10 funcionarios y políticos de Sinaloa, varios de ellos militantes de Morena.
Entre los señalados destaca el gobernador Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza. Las acusaciones, dadas a conocer a finales de abril por fiscales federales y la DEA, incluyen delitos relacionados con importación de narcóticos, conspiración criminal y posesión de armamento de uso exclusivo militar.
El caso provocó tensiones diplomáticas y políticas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente los señalamientos y afirmó que, sin pruebas claras, las acusaciones parecen tener un trasfondo político. En la misma línea, la Fiscalía General de la República informó que abrió investigaciones para determinar si existen elementos suficientes para solicitar extradiciones o iniciar procesos penales en territorio mexicano.
Mientras algunos funcionarios rechazaron tajantemente las acusaciones, el gobernador Rocha Moya solicitó licencia temporal para facilitar cualquier investigación. Otros, como el senador Inzunza, permanecen en funciones.
Analistas consideran que este caso representa uno de los mayores golpes contra la presunta narcopolítica en México, debido a que las investigaciones estadounidenses apuntan contra funcionarios en activo y figuras de alto nivel político.
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