La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Puebla presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local con el objetivo de retirar a la Fiscalía General del Estado (FGE) la facultad de entregar a personas con alteraciones de salud mental a sus tutores o familiares, atribución que, de aprobarse la propuesta, quedaría exclusivamente en manos de la autoridad judicial.
La iniciativa fue promovida por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, quien plantea modificar el artículo 61 del Código Penal del Estado para fortalecer el control jurisdiccional en este tipo de procedimientos y armonizar la legislación local bajo un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la normativa vigente permite que la autoridad ministerial determine la entrega de personas con alteraciones de salud mental a familiares o tutores, una situación que, según el legislador, genera una incongruencia jurídica al tratarse de decisiones que impactan directamente en la libertad y la situación legal de las personas involucradas.
Por ello, la propuesta establece que únicamente los jueces podrán autorizar dichas determinaciones, garantizando una supervisión judicial estricta y un mayor control sobre las resoluciones relacionadas con este sector de la población.
La reforma también contempla la actualización del lenguaje utilizado en la legislación estatal. En ese sentido, propone sustituir la expresión “enfermos mentales” por “personas con alteraciones de salud mental”, con el propósito de alinearse a los estándares internacionales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para erradicar términos estigmatizantes.
Asimismo, el proyecto redefine las responsabilidades de quienes queden a cargo de estas personas. Mientras que la redacción actual establece que los tutores asumen responsabilidad frente a terceros por los daños que pudieran ocasionar, la iniciativa señala que deberán cumplir con las obligaciones de atención, tratamiento y vigilancia que determine la resolución judicial correspondiente, sin perjuicio de otras responsabilidades legales aplicables.
La propuesta fue turnada a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Marcos Castro Martínez, para su análisis y eventual discusión en comisiones.
En caso de recibir el aval del Pleno de la LXII Legislatura, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, derogando todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo decreto.
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